Incredulidad primero, y consternación después. Esas dos fases vivieron anoche los chaqueños al confirmarse lo que por la tarde era una difusa pero inquietante versión: en el operativo de descacharrado llevado a cabo ayer para prevenir la nueva ola de dengue, y por un descuido, empleados municipales de Barranqueras eliminaron a la jueza María Luisa Lucas y al intendente Héctor "Tito" Dolce. Al cierre de esta edición se los buscaba afanosamente entre cacerolas, floreros, neumáticos viejos y baldes triturados.
"Lamentablemente, tenemos que confirmar que por un error humano que ahora buscamos determinar de qué manera se dio, en el descacharrado han sido levantados de la vía pública y tirados en un predio de las afueras del Gran Resistencia la doctora Lucas y el señor Dolce", dijo, apesadumbrado, el ministro de Salud de la provincia, Francisco Baquero.
Casi de inmediato se desató una áspera disputa pública por la responsabilidad en el infortunio. El gobierno provincial cargó contra la Municipalidad de Barranqueras, ciudad en la que se produjo la "recolección" de Lucas y Dolce, quienes se habían encontrado casualmente en la vereda de la Aduana y charlaban sin imaginar lo que les iba a suceder. La intendente local, Alicia Azula, disparó en cambio sobre la gestión de Jorge Hilton Capitanich. Y la nación, por su parte, acusó a Martín Redrado.
La fatalidad dad dad dad
De acuerdo a distintos testimonios, la jueza del Superior Tribunal de Injusticia había salido de su casa en Resistencia a las 8:40 de la mañana, para dirigirse a las oficinas de la Aduana a fin de retirar un producto antiarrugas adquirido vía internet a una empresa española. La magistrada arribó a la dependencia federal a las 9:20, y se demoró en retirar la encomienda porque la compra había sido hecha a una firma que realiza tratamientos personalizados, a la medida de las necesidades de cada cliente, por lo que en el caso de Lucas envío un pote con 35 toneladas de crema rejuvenecedora. El recipiente, de 5 metros de altura y doce de diámetro, estaba retenido en el puerto, y se le informó a la jueza que debía realizar otros trámites antes de poder transportarlo a su casa.
Dolce, por su parte, había llegado unos minutos después, procedente de Las Garcitas, porque había comprado un producto que había visto en un canal de cable venezolano, que en teoría le iba a resolver el problema de la constante caída de mechones del implante capilar que se hizo años atrás. Cuál no sería su sorpresa al ver que a cambio de los 3.512 dólares enviados por Western Union, la compañía oferente le mandó un gorro de lana.
De eso hablaban ambos funcionarios, parados en la esquina, cuando en el lugar apareció el camión municipal que tenía por misión levantar todos los "cacharros" eliminados por los vecinos como parte de la campaña antidengue, que se realizó en el municipio portuario y en otras cuatro comunas del Chaco. Los empleados que levantaban los objetos acumulados por los pobladores frente a sus casas no disimulaban su irritación por el trabajo extra que les representaba el operativo, por lo que iban levantando bultos y tirándolos dentro del camión con desgano y desaprensión. Fue allí que uno de ellos, un corpulento sujeto de 1,95 metro de altura y 143 kilos de peso, conocido como "El Tanga Alvarez", levantó y tiró a la juez y al intendente en la caja del transporte. Ambos cayeron entre cubiertas usadas, floreros, tachos de todos los tamaños y otros recipientes eliminados para impedir la reproducción del mosquito aedes aegypti.
Lo peor del caso fue que otro obrero, al cabo de unas quince cuadras de recorrido, se subió a la caja del vehículo recolector para acomodar mejor la carga y permitir que quedara mayor espacio disponible, a fin de cumplir con el descacharrado en el menor número posible de viajes, y allí vio asomar entre varios baldes mohosos a la jueza. "Ayúdeme, soy la doctora Lucas, del Superior Tribunal", dijo la mujer, extendiendo agónicamente la mano hacia el operario, que le contestó con un "sí, sí, cómo no, y yo soy Bra Pí", tras lo cual arrojó sobre la magistrada una tacho metálico de 200 litros de capacidad, cargado con restos de cal diluida. Fue lo último que se supo de ellos.
Cuando lo ocurrido se supo, Azula ordenó un sumario contra todos los empleados que participaron de esa cuadrilla, aunque luego desactivó la medida porque el Sindicato Municipal de Barranqueras anunció un paro por tiempo indeterminado si se afectaba a los trabajadores. La intendente impuso a cambio un apercibimiento para los operarios, bajo la advertencia de que la próxima vez que eliminen a un intendente y a una jueza, serán suspendidos hasta diez días. Además, acusó al gobierno provincial de "no informar bien qué era lo que había que hacer en la jornada preventiva".
El ministro Baquero, en cambio, dijo que Azula y los demás intendentes radicales "no tienen el más mínimo ánimo de colaboración", si bien en cierto modo excusó a los trabajadores municipales diciendo que "aparentemente ni la doctora Lucas ni el intendente Dolce llevaban carteles que indicaran claramente que no eran cacharros".
En el incidente se notó también lo pésima que es ahora la relación entre el gobierno y la cúpula del Poder Judicial, ya que el ministro Juan Manuel Pedrini, si bien anunció que se iniciaría "una intensa búsqueda" de la jueza, planteó que "primero esperaremos un tiempo prudencial, de tres o cuatro años, para ver si no logró salir de la situación por sus propios medios y regresa a su hogar sin necesidad ayuda".
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Tardará, tardará.
Ni modo. Tampoco ingenio o compromiso del real, es decir, ese compromiso con alguna causa que puede llegar a poner en riesgo el empleo, la reputación,...
