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"El Ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración
de los negocios de la burguesía" (Karl Marx)

Si se admite la validez de esa afirmación, hay que reconocer que vale para todos los "comités de administración": los genocidas, los dictatoriales, los neoliberales, los progresistas, los nacionales y populares, etc. Acordado esto, se puede inferir que la distinción principal entre unos y otros radica sobre todo en la forma en que llevan adelante esa "administración".

 

Mientras algunos usan métodos genocidas y desaparecen a todo el que se le oponga; otros recurren a los palos y a los gases, reprimiendo con "moderación"; algunos retroceden y caen humillados ante la oposición a sus planes; otros aplican la "ley", iniciando procesos judiciales y encarcelando a quienes no acuerden con la buena marcha de "los negocios de la burguesía", etc.

Esta diversidad de métodos es importante porque muchas veces determina la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente, o la conservación o no de su salud y sus bienes; y también porque ayuda a entender la actitud y las decisiones que cada "comité" toma respecto de la actitud y las decisiones de los que le antecedieron en la "administración de los negocios de la burguesía"...

A la retirada del último "comité" dictatorial, la dictadura asesina que asaltó el poder en 1976, le sucedieron una media docena de "comités" instaurados mediante mecanismos electorales, es decir con la sanción del voto de la población, cuya mayoría manifiestamente no es parte de la "burguesía" ni se beneficia de sus "negocios", por el contrario, casi todo el tiempo es víctima de ellos.

Estos "comités" electos, a pesar de su diferente origen, no cancelaron ni modificaron en lo esencial las causas y efectos principales de la "administración" de la dictadura, sino que continuaron -con más o menos tropiezos- "administrándolos", a saber: los pagos crecientes a la banca internacional de la deuda externa contraída por los principales beneficiarios de ese régimen, la transferencia de bienes públicos (acumulados durante décadas) a propietarios privados nativos y extranjeros, y el reparto del producto nacional en forma continua y progresivamente desfavorable para los que viven de un salario, para los que no son de "la burguesía".

El secuestro, la tortura, el asesinato, el robo de niños y propiedades aplicados por la dictadura, fueron métodos sanguinarios y extremos para "administrar" una transformación decisiva de la economía nacional. Esa forma de "administración", antes que el fondo, había despertado el rechazo casi unámime de la población, y era quizá la cuestión cuya resolución se urgía con más insistencia al nuevo "comité". Éste, por su parte, manifestó vivamente su repudio por esos métodos criminales, y proclamó que llevaría adelante el "juicio y castigo a todos los culpables" que reclamaban las mayorías que lo habían votado. Sin embargo, pronto y casi en silencio extirpó la palabra "todos" de ese mandato, quizá al comprobar que el adjetivo "no excluye ninguna parte o ninguno de los seres o cosas designados por el sustantivo", según establece el idioma y definen sus académicos.

Es decir, "todos" eran todos los secuestradores, torturadores, asesinos y ladrones, y "todos" también eran todos los empresarios, banqueros, gestores y facilitadores que propiciaron y obtuvieron beneficio de aquellos crímenes. Semejante tarea no sólo era extremadamente difícil: de llevarse a cabo a conciencia, produciría un descalabro mayúsculo, si no total, en "la administración de los negocios de la burguesía".

Qué hacer

Habiendo llegado a este razonamiento y para preservar la buena "administración", el primer "comité" que sucedió a la dictadura acordó limitar el juicio y castigo sólo a quienes habían formado los cuatro "comités" de la dictadura. Más consecuente con la conclusión del teorema, el "comité" que gobernó durante la década del ’90 optó por amnistiar a los poquísimos "todos" que habían sido juzgados y condenados. Ya parecía que la cuestión estaba saldada, pero la realidad es poco amiga del consenso: su principal alimento está en la contradicción.

El siguiente "comité" caería en forma vergonzante -y matando gente- ante la que ha sido hasta ahora la consecuencia más espectacular de la continuidad de la economía instaurada por la dictadura y "administrada" por sus sucesores: la bancarrota de 2001 y el levantamiento popular. Vacilaron las instituciones que habían preservado "la administración de los negocios de la burguesía" durante dos décadas y florecieron las organizaciones del pueblo que cuestionaban sus tristes consecuencias.

Fue necesario convocar a tres o cuatro efímeros "comités" antes de encontrar uno que supiese transferir la bancarrota de esos negocios al conjunto de la población. Aunque para hacerlo tampoco se privó de matar gente, logró frenar la indignación social y restaurar como pudo la "administración", antes de entregarla a otro "comité".

Pese a las graves penurias económicas, el reclamo de castigo a los criminales del "comité" dictatorial de 1976 se había mantenido constante entre las reivindicaciones populares. Así fue que desde 2003 (con el alivio de la suspensión del drenaje de recursos que supone el pago de la deuda externa y un nuevo ciclo de auge de la economía internacional, pero con el complejísimo deber de reanudar ese pago y subsidiar a las empresas privatizadas sin reclamar nada a los banqueros nacionales ni extranjeros), el flamante "comité" estimó que la buena "administración de los negocios de la burguesía" requería la adopción de algunas respuestas a aquel reclamo.

Es cierto que para llegar a esa deducción ayudó un argumento de importancia capital: el derecho internacional había declarado imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, y si "nuestros" criminales no eran juzgados por "nuestra" Justicia, podían ser reclamados por otras jurisdicciones, lo que ya había empezado a suceder. Un juez español solicitaba extradiciones de genocidas argentinos, y una corte inglesa había detenido al ex dictador chileno Pinochet (luego lo devolvió a Chile, bajo la solemne promesa de que sería juzgado allí, pero para alegría del "comité" chileno que asumió el compromiso, el chacal se murió antes del proceso). Decididamente, esto podía complicar seriamente cualquier intento de "administración".

Cambiar algo

Así las cosas, el flamante "comité" realizó arduos y numerosos trámites parlamentarios, legales y jurídicos (pero esencialmente políticos, y de gran muñeca política) con el fin de enjuiciar a los asesinos y de convencer a las organizaciones de las víctimas de que finalmente se haría justicia.

Dado que esta indispensable medida seguramente iba a molestar, quizá mucho, a miembros activos y retirados de las hasta allí impunes Fuerzas Armadas, sería necesario adoptar otras, en paralelo, que mitigaran las primeras y evitaran la generalización del escozor (renunciaron tres generales en un día). Uno de los símbolos de la nueva política fue la inauguración del Museo de la Memoria en el predio de la ESMA, inaugurado por el Presidente con la llamativa ausencia de los principales gobernadores de su partido, pero con la igualmente llamativa presencia del gobernador radical Cobos (se ve que no todos los miembros del "comité" entendían la nueva política, y que en tiempos como estos la contradicción está en su salsa).

Casi al unísono con esta inauguración, el audaz "comité" debió recibir al jefe del ejército de EEUU (por esos días en plena invasión a Irak), que venía a solicitar el envío de tropas argentinas para sostener el golpe de estado que los norteamericanos habían perpetrado en Haití. La transacción se saldó felizmente para unos y para otros: los yanquis pudieron disponer de más tropas para mandar a oriente, y el "comité" le consiguió un trabajo bien pago el ejército argentino, para que no anduviera pensando pavadas mientras sus ex jefes eran juzgados (hasta hoy los soldados nacionales siguen en la castigada isla caribeña).

Los resultados

El desarrollo de esta política que el último "comité" implementó para lubricar su "administración" fue exitoso para ese objetivo: mucha gente se convenció de que se haría justicia con aquellos criminales, y algunos hasta llegaron a pensar que el de derechos humanos era un concepto aplicable sólo a las víctimas de tortura y desaparición.

En lo que hace a la verdadera justicia, la cuestión es más dudosa: hasta el día de hoy, el Ejército no ha abierto los archivos de la represión y ya pocos se acuerdan de que alguna vez se consideró que esa era una medida imprescindible para conseguirla. Quizás sea una de las causas por las que, desde la reapertura de las causas contra los represores, en el periodo de 2003-2006, sólo hubo cinco juicios (y un nuevo desaparecido: Julio López).

Al día de la fecha fueron condenados medio centenar de asesinos, torturadores y auxiliares, y menos de un millar está procesado. A fines de 2009 -el año con mayor cantidad de condenas-, el diario Página/12 calculaba que aún cuando "querellantes y fiscales renunciaran a investigar a los represores no identificados, juzgar al ritmo de 2009 a los 860 que ya están imputados demandaría 23 años". Esto era así porque en los Tribunales Federales "el tiempo promedio que transcurre desde que reciben una causa hasta que inician las audiencias es de un año y medio".

Mientras tanto, los responsables civiles en los crímenes de la dictadura, es decir los funcionarios, jueces, médicos, curas, empresarios, etc. que colaboraron con aquel "comité", prácticamente no están afectados por las investigaciones, son decenas los represores prófugos, Julio López está desaparecido desde hace más de cuatro años sin que la pesquisa haya avanzado un milímetro, y las fuerzas de seguridad siguen siendo motivo de profunda inseguridad para todos los ciudadanos.

"La administración de los negocios de la burguesía", ¿podrá continuar sin tener en cuenta la impunidad generalizada?

 

Publicado en el blog Materia Continua

Artículo enviado por Rubén&

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Comentarios (3)

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