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En medio de una polémica con un intelectual que terminaría siendo soporte de la manipulación de masas del fascismo europeo, Sigmund Freud, un poco cansado de que su oponente le objetara su terminología, se plantó y dejó en claro que no pensaba maquillar sus conceptos ni recurrir a eufemismos. “Se empieza renunciando a las palabras y se termina renunciando a los hechos”, explicó para justificar su intransigencia.

En la Argentina, hace mucho que hemos renunciado a las palabras. Peor que eso: las palabras fueron despojadas de su peso y su profundidad, y poco a poco quedaron mezcladas con otras miles en la planicie, uniformadas, de repente insignificantes por vía de la abundancia. Palabras potentes o estremecedoras, palabras que incluso llegaron a estar prohibidas, palabras que eran de vida o muerte, como revolución, justicia, libertad e igualdad, quedaron invisibilizadas del mejor modo con que eso podía lograrse, que fue repitiéndolas cientos de veces en el paisaje cotidiano.

En lugar de perseguirlas, los enemigos de esas palabras optaron por hacerlas también suyas, y las mezclaron con las palabras que les interesaban colar: mercado, competencia, “libre juego de la oferta y la demanda”, orden natural, y tantas otras que detrás de su perfume hieden a explotación. Hoy, hasta Mauricio Macri se atreve a hablar de “justicia social”, y Menem definió en su momento a su gobierno ultraconservador como “de neto corte revolucionario”.

En el Chaco, las palabras tienen suerte diversa. A veces se las prostituye, a veces se las disfraza. La palabra miseria es un buen ejemplo. En los primeros gobiernos peronistas tras la recuperación democrática de 1983, los pobres fueron “población NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas)”, un tecnicismo aséptico, desprovisto de malos olores. El rozismo, a su turno, los rebautizó como “los que menos tienen”. Una hermosura. No estaban muertos de hambre, no se caían con enfermedades del siglo XIX. No, nada de eso, sólo es que tenían menos. Menos que otros que tenían más. Pero todos tenían algo. Nadie tocaba fondo. Y quien dijera lo contrario, sin dudas estaba embarcado en una “operación de prensa”.

Capitanich, ahora, a los pobres los llama pobres. Pero en sus estadísticas, hay pobres que se convierten en clase media, como si los tocara la varita de aquella hada de Cenicienta. Se basa en los parámetros del imaginativo Indec de Guillermo Moreno para decir que 200.000 personas sacaron la cabeza por encima de la línea de pobreza. Según el organismo nacional –como se señalara en esta columna el domingo pasado- basta con ganar un promedio de 10,50 pesos diarios para estar fuera de la franja de los excluidos. El Indec ve carrozas y espléndidos caballos allí donde sigue habiendo calabazas huecas y ratones.

Los hechos, perdidos

La renuncia y la degradación de las palabras tuvieron la consecuencia prevista por Freud. Desde hace muchos años en nuestra provincia es difícil saber dónde están los hechos, cuáles son, qué significación tienen. El único modo de aprehenderlos, quizá, sería poder abstraernos de las palabras. Pero como vivimos en el mundo que ellas crean y recrean a cada instante, esa fuga es imposible. Y enredados en palabras que en lugar de orientar desconciertan, los hechos llegan a tornarse inasibles.

Así, por mucho tiempo, en el Chaco los pobres más pobres fueron sostén principal de dos de las gestiones que más los castigaron en la historia de la pobreza local, las de Rozas y Menem. El hecho contundente, diario, de la marginación y la exclusión, les era menos creíble que la palabra de esos dos hombres que les decían que pasaban las noches desvelados buscando sacarlos de la miseria. Todavía más: llegaban a creer que les estaban dando una vida mejor, cuando a lo sumo de tanto en tanto les soltaban alguna dádiva como mínimo cuidado que debe prodigarse a toda carne electoral.

Menos ingenua fue la actitud de la clase media, que –según los casos- intuyó o directamente supo del truco, pero prefirió jugar el rol de parte engañada a cambio de su parte en la estafa, que tanto podía ser la garantía de un cronograma salarial cada principio de mes o una ficticia paridad cambiaria que permitía incrementar el consumo familiar a costa de un endeudamiento dolarizado pero con tasas delictivas. Cuando ese mundo de fantasía estalló, la clase media dijo “que se vayan todos” y se comprometió en marchas y asambleas vecinales que duraron lo que duró la parte más gruesa de la devolución de depósitos encerrados en el “corralito” financiero. Y está claro que nadie se fue.

Decir consenso queda bien

Si hablamos de palabras, “consenso” debe ser una de las más pronunciadas desde el fin de la dictadura. A veces, se la reemplaza con otros clichés que apuntan a lo mismo: “Dejar de lado las banderías políticas”, “poner el interés general por encima de los intereses sectoriales”, o el ya insufrible “a esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”. Eso dicen las palabras. Los hechos, en cambio, dicen que el consenso fue el gran ausente en todo este recorrido. Y ni qué hablar desde las elecciones de 2007 hasta aquí.

Rozas, con sus palabras, dijo en un programa de TV nacional, antes de que finalizara el escrutinio de aquellos comicios, que si el conteo final de votos lo daba perdedor “sería el primero en llamar a una conferencia de prensa para decir: ‘Señores, perdí, y felicito al contador Capitanich’”. Apenas unos días después, su reconocimiento consistió en una escueta carta distribuida por un cadete entre los medios, y en la que ni siquiera pudo llamar por su nombre al candidato que lo derrotó.

Otra fórmula de las más pronunciadas en la democracia chaqueña es “oposición constructiva”. La usó el PJ cuando le tocó morder el polvo, la usa la UCR ahora, en ambos casos mintiendo soberanamente. Como oposición, no les interesa construir. Los hechos muestran que apuestan al mayor deterioro posible del rival para sobrepasarlo. Un ejercicio pugilístico en el que los golpes, finalmente, caen en las caras de la gilada. Veamos, si no, en qué consistió la “oposición constructiva” del rozismo desde la derrota del año pasado:

Octubre de 2007: La Alianza votó el destrabe bonificaciones en Salud Pública (medida que había negado en sus años de gestión), incorporó cargos al Tribunal de Cuentas (por un acuerdo clientelar del peronismo y el radicalismo de Resistencia) y en el INSSSEP, y se votó el nuevo escalafón para empleados públicos (140 millones de costo anual).
Se agregaron o aumentaron asignaciones y bonificaciones para retirados Bocep, Escribanía de Gobierno, jueces y otros sectores, y se aumentaron sueldos a legislativos, judiciales y personal de Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Obras Públicas, APA, Tesorería y Contaduría, entre otros. Eran mejoras de un 25 al 30 por ciento.

Noviembre y diciembre de 2007: Se vota ley de pase a planta masivo, para custodiar a los contratados ingresados en el período radical, sin que nadie tenga idea del costo presupuestario de la medida ni de la cantidad de beneficiarios.
Se duplica el monto de la pensión a ex combatientes, los anticipos a municipios se convierten en subsidios, se sancionan exenciones impositivas, se crean nuevas estructuras administrativas y se vota el pase a planta de 165 personas en la Legislatura (repartidas entre oficialismo y oposición).

Abril de 2008: Se crea un fondo extraordinario de 12 millones para municipios, se baja de 20 a 10 años el período de prorrateo para el cálculo de haberes docentes (la Alianza, que mantuvo casi una década los descuentos de la ley 4.044, ahora comienza a ablandar la norma). El déficit previsional anual pasa la barrera de los 200 millones.

Mayo de 2008: Se promueve un incremento de 60 millones de pesos para el Poder Legislativo, que veto mediante quedará en 20 millones. Se dilata la aprobación del convenio con el Banco Nación para reprogramar deudas de productores. El asunto termina negociándose con el aumento del gasto legislativo.

Julio de 2008: Se aprueban nuevos aumentos salariales y se avala localizar al nuevo edificio legislativo en 20 manzanas inundables ubicadas junto a la avenida Sarmiento, con un costo estimado de unos 10 millones de pesos (dependiendo de lo que dictamine una Junta de Valuación, el monto puede ser menor o mayor).
Agosto de 2008: Se ratifica un decreto de “equiparación salarial” con un aumento del 30%, pero discriminando a algunos sectores a fin de favorecer a tres de los organismos mejor pagados del Estado.

Septiembre de 2008: La Legislatura plantea una cuestión de privilegio contra un auditor que investigó y reprochó el trámite para la compra de terrenos para el nuevo edificio.
Octubre de 2008: Se aprueba un fuerte incremento salarial para la policía con incidencia presupuestaria de 50 millones de pesos según el oficialismo. La oposición también se resiste... al cambio de horario. Se vota un subsidio de 50 millones para el sector algodonero y se pretende agregar 200 millones a la coparticipación municipal.

Noviembre y diciembre: Siguen las negociaciones por más fondos para los municipios y para los diputados, que quieren llevar su presupuesto 2009 a 140 millones, un 47% más que los 94 millones gastados este año.

La renuncia a los hechos

El listado mezcla leyes que prosperaron, normas vetadas e iniciativas que en algunos casos también fueron votadas por el PJ. También se mezclan actos de incuestionable justicia con simples avivadas de río revuelto. Pero el común denominador es la repentina promoción de todo aquello de lo que se había abjurado durante doce años en nombre de “la responsabilidad de gobernar”. Por el lado del peronismo, la novedad es la súbita aparición de un sentido de la prudencia fiscal del que careció en su etapa opositora. A la par, jueces nombrados por su filiación partidaria hablan de la independencia de la justicia. Periodistas que antes se burlaban de Capitanich para mejorar su pautas publicitarias, hoy lo alaban con el mismo fin.

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